Supertransporte ordenó suspender explotación a cielo abierto cerca a vía de Yarumal
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Supertransporte ordenó suspender explotación a cielo abierto cerca a vía de Yarumal
En el predio se extraen piedras ornamentales sin tener ninguna licencia para dicha actividad.
La Superintendencia de Transporte ordenó a los dueños del predio ubicado en la Troncal Occidente, vía los Llanos – Tarazá, en el sector Alto de Ventanas del municipio de Yarumal, abstenerse de realizar o permitir cualquier exploración minera en la zona.
La entidad asegura que en dicho predio desarrollan minería ilegal y que dicha actividad amenaza la debida prestación del servicio, la integridad de los usuarios, la infraestructura del transporte y la conectividad país.
Fue el Invías el que informó a la Super de que en un terreno adyacente a la Ruta Nacional 2511, entre los PR 42+000 al PR 48+000 de la Troncal Occidente vía los Llanos – Tarazá del sector Alto de Ventanas, se viene realizando desde hace varios años minería a cielo abierto para extraer piedras para usos ornamentales.
La Super visitó el lugar y evidenció que los propietarios del terreno que está siendo explotado no cuentan con permisos para esta actividad, lo cual está generando daños ambientales y de accesibilidad al servicio de transporte.
La Superintendencia de Transporte pudo evidenciar, además, una inadecuada disposición del material sobrante que afecta la flora del lugar, siendo agravante que esta área es protegida y definida por Corantioquia como Distrito de Manejo Integrado (DMI) Alto de Ventanas.
También se percataron de que la explotación no se encuentra tecnificada, y esto ha causado una rápida erosión en el sector. Adicional a esto, explicó la entidad, el deficiente manejo de las aguas de escorrentía aporta gran cantidad de sedimentos a las fuentes hídricas cercanas, afectándose las propiedades físicas de los terrenos. La explotación minera allí habría afectado ya el afluente de la Quebrada Córdoba.
Para el Superintendente de Transporte, Wilmer Arley Salazar Arias, “en este caso queda en evidencia cómo la minería ilegal amenaza la conservación de la infraestructura del transporte, la seguridad en la operación del transporte y la integridad de los usuarios, si se tiene en cuenta que esta actividad se está llevando a cabo en el talud de unos terrenos elevados adyacentes a la carretera, lo cual también genera daños ambientales (…)”.
Agregó que “en esta zona podría ocurrir un derrumbe con el consecuente cierre de esta vía tan importante, con afectaciones graves para la movilización de productos alimenticios, creando un impacto económico preocupante”.
“La tensión entre intereses ilegítimos particulares con los derechos fundamentales de la población, algunos del orden colectivo y socioeconómico, permite a la autoridad adoptar la medida preventiva con el fin de restablecer los niveles de seguridad en la operación y defender la infraestructura del transporte como patrimonio de todos los colombianos”, explicó.
La entidad concluyó que a causa de la extracción de materiales de roca ornamental existen riesgos inminentes de caídas de fragmentos de roca sueltas sobre la vía como efecto de la remoción en masa, existiendo una alta probabilidad de que se causen obstrucciones en la vía, atrapamientos de transeúntes, vehículos de transporte de pasajeros, atascamiento de drenajes como alcantarillas, deformaciones de la calzada al interrumpir la circulación de aguas en la cunetas construidas, represamiento de quebradas e, incluso, el riesgo para la vida de los trabajadores que actualmente laboran en dichos frentes de explotación.
Por todo esto, la Superintendencia de Transporte decretó medidas especiales de urgencia correspondientes a que los dueños del predio se abstengan de ello inmediatamente tanto directa como indirectamente.
La Superintendencia de Transporte instó a las autoridades de la zona para que conformen un Consejo especial que permita gestionar esta situación en particular. En caso de no acatar estas medidas la Super podría iniciar investigaciones administrativas en contra de los responsables y/o las personas naturales en mención, las cuales podrían alcanzar los quinientos o setecientos salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de las infracciones. Contra la decisión no procede ningún otro recurso.
