¿Qué hacen con la plata de la sobretasa a los combustibles?
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¿Qué hacen con la plata de la sobretasa a los combustibles?
En mayo del 2018 tuvo despliegue en varios medios una noticia según la cual unos 20 vehículos perdieron sus llantas y suspensiones por un hueco que había en la autopista Norte con calle 223, en el norte de Bogotá. Casi un año después, en marzo del 2019, otros 30 carros y sus conductores repitieron la historia en la misma vía.
Traemos esta historia hoy porque esta semana el Congreso de la República aprobó la sobretasa a los combustibles, en cumplimiento de la sentencia C-30 de la Corte Constitucional, que, por ahora, y hasta el 2023, no implica un aumento en el precio de las gasolinas extra y corriente, y el ACPM (aceite combustible para motores).
Esto significa que la Nación, los municipios y departamentos ya tienen garantizados unos recursos que en buena parte se han ido estos años a financiar los sistemas de transporte masivo y otras obras de infraestructura, todas ellas, con el aporte que hacen los dueños de carros y motos cada vez que llenan su tanque. En contraposición, los huecos siguen ahí.
En el 2019, la sobretasa a la gasolina y el ACPM recaudó un total de 2,7 billones de pesos, aproximadamente, de los cuales la Nación recaudó $ 310.000 millones por concepto de sobretasa al ACPM.
Las entidades territoriales, de acuerdo con cifras de Asocapitales, la agremiación de los alcaldes del país, recaudaron por sobretasa a la gasolina y al ACPM un total de $ 2,4 billones de pesos, de los cuales $ 1,6 billones fueron de sobretasa a la gasolina para todos los municipios, $ 945.000 millones fueron de las ciudades capitales y $ 687.000 millones para el resto de municipios. Los departamentos recaudaron $ 766.000 millones por sobretasa a la gasolina y al ACPM.
¿QUE HIZO EL CONGRESO?
El Congreso de la República debía resolver, de forma definitiva, una inexequibilidad fallada en el 2019 por la Corte Constitucional, que consideró que en la Ley 488 de 1998, el Legislativo se equivocó al no precisar la base gravable del tributo, sino que delegó la función en el Ministerio de Minas y Energía.
Este error ha llevado a que la participación de la sobretasa en los ingresos tributarios de los entes territoriales haya caído, pasando de 8,8 por ciento al inicio de la década a 5,7 por ciento en 2019. Para corregir esto, el Gobierno citó al Congreso a sesiones extras, el lunes y martes pasados.
Una vez la ley entre a regir, si la gasolina corriente, la extra o el ACPM aumentan de precio, el valor de la sobretasa no aumentará por ser un tributo fijo estimado en pesos, y que además estará congelado hasta el 2023.
La sobretasa a la gasolina se incorporó como nuevo gravamen a los combustibles desde 1989 con la Ley 86. Actualmente es un tributo que se rige por la Ley 488 de 1998, la cual cede cerca de un 90 por ciento del tributo a las entidades territoriales.
Según lo aprobado por el Congreso, la tarifa general a partir de la entrada en vigor de la ley será la siguiente: gasolina corriente en municipios y distritos, $ 940; departamental, $ 330 y Distrito Capital, $ 1.270. Gasolina extra en municipios y distritos, $ 1.314; departamental, $ 462 y Distrito Capital, $ 1.775.
En cuanto a la sobretasa al ACPM, la tarifa será de $ 301 por galón. La sobretasa al ACPM para consumo en municipios zonas de frontera se liquidará con una tarifa de $ 204 por galón para el producto nacional y $ 114 por galón para el producto importado.
La nueva ley señala que la sobretasa al ACPM será cobrada por la Nación y distribuida en un 50 por ciento para el mantenimiento de la red vial nacional; y otro 50 por ciento para los departamentos, incluido el Distrito Capital, con destino al mantenimiento de la red vial.
Esto no cambia la estructura de precios de referencia de la gasolina y el ACPM ni tampoco aumenta en términos reales el precio final del combustible al usuario.
¿Qué hacen con los recursos?
“La sobretasa a la gasolina constituye un ingreso corriente de libre destinación que financia principalmente la inversión de los municipios, departamentos y distritos y también de la Nación, según las prioridades definidas en los respectivos planes de desarrollo”, explica Luz María Zapata, directora de Asocapitales.
“Con este tributo se han podido materializar las principales obras de infraestructura de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, como es el caso de Medellín, Pereira, Cartagena y Bogotá, entre otras ciudades”, agrega la señora Zapata.
Al final, con la decisión del Congreso, en adelante y año tras año, los municipios y departamentos tendrán garantizados unos recursos que representan para los primeros alrededor de 16 billones de pesos (incluyendo capitales) y para los departamentos cerca de 7,6 billones de pesos.
Lo que no tienen asegurado los dueños de vehículos y motos es que las calles de sus ciudades estén en óptimas condiciones, porque en el caso de Bogotá, la sobretasa está destinada a la infraestructura vial de TransMilenio y sus troncales, y además está pignorada.
Entre tanto, los dueños de los 50 y tantos carros que se dañaron en la autopista Norte hace dos años tendrán que seguir no solo aportando a la ciudad con más impuestos (ver nota anexa), sino sufragando las costosas reparaciones de sus vehículos, que, perseguidos y con restricciones, se convirtieron en la vaca de ordeño de las alcaldías.
Los otros impuestos que pagan los carros
La sobretasa a los combustibles no es el único tributo que pagan los dueños de vehículos. Al comprar uno cero kilómetros hay que pagar el IVA del 19 por ciento; sin embargo, este valor está sujeto a varias condiciones.
En los vehículos de pasajeros, SUV y pick-up, se adiciona un impuesto al consumo de 8 por ciento, pero este sube al 16 por ciento si el costo del vehículo supera los 30.000 dólares. Los vehículos eléctricos e híbridos pagan IVA del 5 por ciento.
Impuesto vehicular: está a cargo de los municipios y se calcula de acuerdo con el valor comercial del vehículo, según el avalúo que cada año hace el Ministerio de Transporte.
Para este año, los vehículos con avalúo hasta $ 48’029.000 pagan el 1,5 por ciento de ese valor; desde $ 48’029.000 hasta $ 108’063.000 pagan 2,5 por ciento y más de $ 108’163.000, el 3,5 por ciento.
El año pasado, en medio de la pandemia, 1,2 millones de propietarios de vehículos matriculados en Bogotá pagaron el impuesto antes de la primera fecha de vencimiento. Por este concepto, la capital recaudó 637.672 millones de pesos al cierre del 3 de julio de 2020.
Esa cifra correspondía en ese entonces al 82 por ciento de la meta estimada por la Administración Distrital para ese año (780.000 millones de pesos) por concepto del impuesto, que pagan anualmente 2,2 millones de vehículos matriculados en Bogotá.
Respecto a esta carga tributaria hay que recordar que el 45 por ciento de los recursos recaudados a través del Soat se destinan al sistema general de salud y el 55 por ciento restante se usa para cubrir los siniestros y la operación del ramo.
Con el dinero de los propietarios de vehículos, a través del Soat se recaudan alrededor de 2 billones de pesos anuales, que se transfieren al sistema nacional de salud; y unos 87.000 millones van a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por último, están los impuestos que pagan los importadores y fabricantes por cada vehículo que venden; peajes cada 30 kilómetros, gastos de matrícula, traspasos y otros trámites de tránsito en los cuales los municipios y entidades oficiales se quedan con una buena tajada, así como el ya trillado negocio de las fotomultas.